Vaca Viva

El debate que se abrió en el Concejo Deliberante de Zapala por el anuncio de superávit municipal dejó mucho más que un cruce político entre oficialismo y oposición. En realidad, puso sobre la mesa una discusión mucho más profunda: qué significa administrar un municipio, cómo se usan los recursos públicos y, sobre todo, quién controla realmente las cuentas del Estado local.

La polémica comenzó luego de que el Ejecutivo municipal anunciara por redes sociales un superávit correspondiente al ejercicio 2025. A partir de ahí, durante la sesión del Concejo, la concejal Patricia Melinao cuestionó el sentido político de ese anuncio. Su planteo fue claro: "tener superávit no necesariamente implica una buena gestión".

Y ahí aparece el primer punto interesante. Porque "una empresa privada busca ganar dinero, recaudar más y gastar menos", cuestionó. Pero un municipio no funciona bajo la lógica empresarial. El objetivo de un Estado municipal no es “guardar plata”, sino resolver problemas concretos de los vecinos: gas, agua, cloacas, mensuras, servicios, infraestructura y calidad de vida.

Ese fue el eje del cuestionamiento opositor. ¿Cómo puede hablarse de superávit cuando todavía hay vecinos esperando gas hace años, barrios con problemas estructurales y demoras históricas en trámites básicos? ¿Cómo se explica que sobren recursos mientras se solicitan fondos reintegrables a la Provincia por miles de millones de pesos?, fueron los planteos.

Del otro lado, el presidente del Concejo Deliberante, Víctor Chávez, defendió la gestión municipal y sostuvo que el superávit sí es parte de una buena administración. Argumentó que hay obras en marcha, asfaltos, apertura de calles, trabajos de gas, cloacas y proyectos para barrios históricos que durante décadas estuvieron olvidados.

Y en parte también tiene razón. Porque es evidente que en Zapala se están haciendo obras. La ciudad muestra movimiento, ejecución y presencia del Estado municipal en distintos sectores. Negarlo sería desconocer la realidad. Se inaugura con corte de cintas cada cuadra terminada.

Pero justamente ahí está el centro del debate político: no alcanza con decir “hay obras” o “hay superávit”. Lo importante es entender cómo se financia todo eso, cuánto dinero entra realmente al municipio, cuánto se recauda, cuánto se gasta y cuáles son las prioridades.

Porque los números son frio. no miten relato, ni guitarra.

Por eso, cuando se discute un presupuesto municipal, hay una herramienta fundamental que muchas veces queda escondida detrás de los discursos: el presupuesto ejecutado. Es decir, comparar lo que el Ejecutivo dijo que iba a gastar con lo que finalmente gastó.

Ahí aparece la verdad de la gestión.

Si un área tenía presupuestados un monto X y terminó usando menos, habrá un sobrante. Si se gastó más de lo presupuestado hay un sobre gasto. Esa es la verdadera radiografía de una administración pública.

El problema es que acceder a esa información nunca resulta sencillo.

Y acá aparece otro punto central de esta discusión: la Contraloría General Municipal.

La Carta Orgánica de Zapala creó este organismo justamente para controlar desde afuera la administración económica, financiera y patrimonial del municipio. Es decir, para evitar especulaciones políticas y ofrecer información concreta sobre cómo se manejan los recursos públicos.

La Contraloría tiene facultades enormes: auditar, controlar gastos, revisar contratos, emitir dictámenes sobre balances, controlar endeudamiento y hasta investigar cuestiones patrimoniales de funcionarios.

Incluso la propia Carta Orgánica establece que esos informes deben estar disponibles para la prensa y para cualquier vecino que quiera consultarlos.

Sin embargo, en la práctica eso casi nunca ocurre de manera transparente y completa.

Y ahí aparece otra irregularidad preocupante: la actual contralora ya cumplió su mandato de cuatro años y todavía no fue reemplazada, pese a que la Carta Orgánica establece claramente cómo debe designarse un nuevo titular del organismo.

Es decir: mientras oficialismo y oposición discuten públicamente sobre superávit, obras y recaudación, el órgano encargado de controlar técnicamente todo eso funciona de manera incompleta y con serias limitaciones de acceso a la información.

Entonces el problema ya no es solamente político. También es institucional.

Porque si la Contraloría funcionara plenamente, si los informes estuvieran disponibles y si el Ejecutivo entregara toda la documentación requerida, muchas discusiones dejarían de moverse en el terreno de la especulación. El ejecutivo se vanagloria con que el Tribunal de Cuenta aprobó sus cuentas, "sin cargos", respondió el presidente del CD.

La realidad es que hoy hay una certeza difícil de negar: en Neuquén hay recursos. Vaca Muerta cambió completamente la economía provincial y eso impacta también en los municipios. Lo reconocen oficialistas y opositores. Lo reconocen intendentes, gobernadores y exgobernadores.

La pregunta entonces ya no es si hay plata.

La verdadera pregunta es otra: qué se hace con esa plata, cuáles son las prioridades y quién controla que realmente se use de la manera correcta.

Porque en tiempos de vacas gordas es cuando más importante se vuelve la transparencia.

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